Energía y sistema eléctrico · Artículo publicado en LinkedIn el 29 de marzo de 2026
El abismo del rigor III: la parcelación del sistema y la ilusión de la «flexibilidad»
Partir el sistema en parcelas oculta los costes: la «flexibilidad» como cosmética financiera de la transición
Gaspar do Amaral · 29 de marzo de 2026
Traducción del original en portugués. Esta versión se emitió el 30 de octubre de 2026.
En este sitio, este artículo ha sido

Por: Gaspar do Amaral
En el debate público sobre la transición energética, la economía política tiende a eclipsar la arquitectura de sistemas. Tras mis manifiestos anteriores —en particular El abismo del rigor: la ilusión de la energía barata y la muerte de la inercia síncrona y Transición energética en Portugal: el fin de las rentas excesivas—, el saludable intercambio público de argumentos que mantuve con un economista ha arrojado luz sobre el epicentro del problema: la aceptación institucional de la parcelación como herramienta de cosmética financiera y regulatoria.
Ante los brutales costes de capital (CAPEX) necesarios para estabilizar la red frente a la intermitencia (como los compensadores síncronos y las baterías), el argumento económico que se me opuso fue revelador: «Las baterías no son activos regulados, por lo que no tiene sentido sumar el CAPEX, sino solo tener en cuenta el coste por servicio prestado».
Para la Ingeniería de Sistemas, esta afirmación es la confesión absoluta del modelo vigente. Se trata de la parcelación financiera del sistema. Se aísla el coste de la generación (el panel solar, que es barato) del coste de la estabilización y la robustez (la batería grid-forming, que es carísima), y se arroja la carga de esta última sobre los servicios de ajuste que pagamos todos. Es una peligrosa ilusión contable que encuentra su reflejo exacto en la realidad física del terreno: la parcelación regulatoria (o fraccionamiento).
La aceptación del subterfugio por parte del Estado: casos reales en Portugal
El fraccionamiento de megaproyectos renovables no es un mito empresarial; es un modus operandi ampliamente documentado. La premisa es sencilla: la ley exige que los proyectos solares por encima de un determinado umbral se sometan a una rigurosa evaluación de impacto ambiental (EIA, AIA en portugués) y asuman los elevados costes de construir subestaciones dedicadas para inyectar en la Red Nacional de Transporte (REN). Para eludir esa responsabilidad, el proyecto se trocea en parcelas artificiales contiguas (p. ej., de 10 MW), conectadas oportunamente a la red de distribución local (E-Redes).

La prueba de este artificio consta en los registros del propio Estado:
1. La alerta oficial de la CCDR del Algarve
En un documento estratégico de ordenación del territorio, la CCDR del Algarve (Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve) identificó expresamente el «fraccionamiento de instalaciones de producción de energía, en especial fotovoltaica» como la principal táctica para mantener los proyectos por debajo del umbral obligatorio de EIA, subvirtiendo la capacidad del Estado de evaluar el verdadero impacto acumulado de estas centrales.
Se trata de la presentación oficial titulada «Tendências para o sucesso da Avaliação de Impacte Ambiental na região do Algarve — novos desafios e dinâmicas perspetivas de futuro» (tendencias para el éxito de la evaluación de impacto ambiental en la región del Algarve — nuevos retos y perspectivas dinámicas de futuro). Este documento sirvió de base a un seminario web celebrado el 15 de junio de 2021 y es obra de Maria José Nunes y Ricardo Canas, de la Dirección de Servicios de Medio Ambiente de la CCDR del Algarve.

En este documento (concretamente en la diapositiva 29), al analizar el ámbito de aplicación y la dinámica de la EIA en el Algarve (en el marco de la «apreciación previa — análisis caso por caso»), los autores mencionan explícitamente el fraccionamiento de operaciones —destacando la agricultura intensiva y las «instalaciones de producción de energía, en especial fotovoltaica»— como uno de los principales retos para eludir el umbral de sometimiento obligatorio, subvirtiendo así la correcta ponderación de los impactos acumulados en el territorio.
El documento original completo puede consultarse y descargarse en el portal de la CCDR del Algarve: Documento PDF: Tendências para o sucesso da Avaliação de Impacte Ambiental na região do Algarve.
2. La denuncia sobre el terreno (el artificio de la evaluación)
Un caso paradigmático reciente afectó al megaproyecto de la mina de Lagoa Salgada y a sus infraestructuras complementarias. Asociaciones como ZERO denunciaron formalmente el uso de un «fraccionamiento artificial del proyecto que no tiene ningún sentido en el contexto de una EIA». La táctica es evidente: se evalúa el centro productor, pero se excluye la línea de alta tensión que lo abastece; se aprueba la parcela «A» fingiendo que la parcela «B», del mismo dueño y a escasos metros, no existe. 🔗 Ref.: Dictamen oficial de la asociación ZERO — Lagoa Salgada.
El coste de la ilusión: las SPV y la auditoría del registro
Lo que la economía política describe como «agilización de licencias», la ingeniería lo reconoce como una disfunción topológica movida por el interés de una sola entidad: el promotor. Este ecosistema se concentra en gigantes financieros: grandes utilities históricas, productores independientes (IPP) y enormes fondos de inversión.
El verdadero truco de ilusionismo está en la forma en que estos gigantes se presentan a la concesión de licencias. La «ficción jurídica» opera mediante la creación de múltiples sociedades vehículo (SPV, Special Purpose Vehicles). En lugar de que el «Megafondo X» presente un parque de 50 MW, crea cinco sociedades limitadas distintas (p. ej., Solar Parcela 1, Lda.).
La constitución de una SPV es una práctica legal en project finance. El abuso surge cuando el regulador acepta la «fachada» de la certificación permanente del Registro Mercantil (donde la SPV figura con un capital social mínimo de 5.000 €) e ignora la realidad. La herramienta letal para auditar este fraccionamiento ya existe en el Estado portugués: el Registro Central del Beneficiario Efectivo (RCBE). Es el RCBE el que prueba, de forma matemática e irrefutable, que las distintas SPV repartidas por un municipio comparten el mismo dueño financiero que capta los beneficios.
Al no cruzar estos datos, el Estado permite que el promotor privatice el ahorro de su CAPEX. La saturación estocástica de la red no desaparece; se acumula. Y por eso REN presentó a la ERSE un PDIRT-E (plan de desarrollo de la red de transporte) que exige una inyección colosal de 1.691,5 millones de euros (unos 1.700 millones). Ese es el verdadero CAPEX regulado. Es la factura del «electrón barato», implacablemente socializada en los peajes de acceso a las redes (TAR). El promotor fraccionó la responsabilidad jurídica; el consumidor portugués paga la infraestructura entera. 🔗 Ref.: Consulta pública 128 de la ERSE — PDIRT-E 2024 (REN).
(Nota: dentro de la documentación sometida a consulta, el importe se cuantifica con exactitud en el documento marco de la propuesta de PDIRT-E 2024. En concreto, en la página 11 de ese documento se establece lo siguiente: «Así, en la presente consulta pública, están en discusión todas las inversiones incluidas en la propuesta de PDIRT-E 2024, para el horizonte 2025-2034, por un total de 1.691,5 millones de euros, a costes totales». La cifra exacta de 1.691,5 millones de euros corresponde al importe global de la inversión técnica proyectada por REN para la infraestructura eléctrica nacional durante la próxima década, y es la que, redondeada, suele citarse como 1.700 millones de euros en los análisis y dictámenes económicos sobre este expediente.)
Conclusión: las matemáticas del System LCOE y la disrupción legislativa
La complejidad de una red eléctrica ciberfísica no admite fracciones. Es imperativo pasar a la métrica del System LCOE (System Levelized Cost of Energy), garantizando que el coste sistémico integre no solo la generación, sino también el monumental refuerzo de la red y la infraestructura de estabilización inherente a la pérdida de inercia.
![Figura 3 — Las matemáticas de la resiliencia: System LCOE = [Σt=1n (Ig,t + Ir,t + Cf,t + O&Mt) / (1 + r)t] ÷ [Σt=1n Et / (1 + r)t]. © Aprecisa.com](img/img3.webp)
Leyenda del System LCOE — Las matemáticas de la resiliencia. La ecuación que destruye la falacia de la «energía barata». El numerador demuestra que el verdadero coste de la transición exige sumar al coste del panel solar (Ig) la factura monumental de las infraestructuras de respaldo, telecomunicaciones y refuerzo de la red (Ir) necesarias para evitar el colapso del sistema.

Para explicar la imagen de forma sencilla y directa, podemos dividirla en sus cuatro cuadrantes principales:
1. El coste oculto (esquina superior izquierda)
- Qué muestra: la diferencia entre la «ilusión» y la «realidad».
- Qué significa: la primera barra (azul claro) muestra cómo se calcula hoy el coste: solo se cuenta el precio de construir y explotar el parque solar o eólico. La segunda barra muestra la tesis (el coste total sistémico): al coste del panel hay que sumar el bloque amarillo (Ir,t). Este bloque representa el coste colosal de las líneas eléctricas, baterías y estabilizadores necesarios para que la energía intermitente no tumbe la red. Es la factura invisible que los promotores no pagan.
2. El precio de la seguridad (esquina superior derecha)
- Qué muestra: el riesgo de ahorrar en infraestructura.
- Qué significa: compara una red «robusta» con una red «frágil». Tener una red segura obliga a una gran inversión previa (la barra amarilla es mayor). Si intentamos eludir esa inversión (red frágil), aparece la señal de peligro: el sistema queda al borde del colapso y acaba gastando fortunas en costes adicionales de servicios de ajuste (como ocurrió en el apagón del que hablamos). La seguridad nunca es gratuita.
3. El impacto de las distintas energías (esquina inferior izquierda)
- Qué muestra: la energía inestable cuesta mucho más de integrar que la estable.
- Qué significa: en los gráficos de líneas vemos que, a medida que inyectamos más «energía variable» (viento y sol), la línea del coste de la red se dispara, porque el sistema entra en tensión para gestionar la intermitencia. En cambio, con la «energía de base» (hidráulica con bombeo o nuclear), la inercia ya está ahí, por lo que el coste adicional en la red se mantiene plano y controlado.
4. El peso del tiempo y de los intereses (esquina inferior derecha)
- Qué muestra: cómo los tipos de interés y la longevidad de los equipos determinan la factura final.
- Qué significa: como la estabilización de la red exige infraestructuras pesadas y caras (CAPEX), el coste del dinero es crucial. Si los tipos de interés son muy altos (línea superior, al 10 %), la factura sistémica se dispara. Si los equipos duran muchos años (eje horizontal), el coste va bajando porque la inversión se diluye en el tiempo.
La figura demuestra que producir un electrón solar puede ser muy barato, pero construir y mantener la «autopista digital y física» para que llegue a nuestra casa sin provocar un apagón cuesta una fortuna, y esa fortuna (el coste sistémico) tiene que contabilizarse.
Propuesta de Ley de Responsabilidad Energética Integral (LREI)
Para materializar este cambio, propongo la creación de la Ley de Responsabilidad Energética Integral (Ley REI). Esta ley no necesita prohibir el uso de SPV, que son instrumentos legítimos de financiación; solo necesita imponer la física y la auditoría de datos al proceso de concesión de licencias.
Presento, pues, la norma de freno que debe inaugurar este nuevo paradigma:
Artículo 1 — Principio de agregación topológica y financiera
- A efectos de sometimiento a evaluación de impacto ambiental (EIA), de asignación de capacidad de inyección en la red y de cálculo de los cargos sistémicos, todas las sociedades vehículo (SPV) o unidades de producción de energía eléctrica situadas en un radio topológico contiguo que compartan el mismo dominio financiero —acreditado mediante el cruce obligatorio de datos con el Registro Central del Beneficiario Efectivo (RCBE)— se agregarán obligatoriamente y se clasificarán como un Centro de Producción Único.
- El Centro de Producción Único asume la responsabilidad íntegra de internalizar los costes de capital (CAPEX) asociados al refuerzo de la Red Nacional de Transporte (RNT) y a la parte que le corresponda de la infraestructura de estabilización de la red (grid-forming y compensación síncrona), en estricta proporción a su capacidad de inyección agregada.
- La acreditación de un fraccionamiento artificial de la potencia instalada con el fin de eludir umbrales regulatorios o de trasladar cargos a los peajes de acceso a las redes (TAR) conlleva la revisión inmediata de la licencia de explotación y la imputación retroactiva de los costes sistémicos al beneficiario efectivo.

El diagrama ilustra el flujo de auditoría de datos concebido para frenar la evasión del CAPEX de red. A la izquierda, la proliferación de sociedades vehículo (SPV) representa la parcelación artificial de los proyectos fotovoltaicos. La Ley REI, que actúa como filtro de auditoría e inteligencia de datos, impone el cruce de estas entidades con el Registro Central del Beneficiario Efectivo (RCBE). Este escrutinio cristaliza la «prueba de control agregado», que reduce las múltiples SPV a un Centro de Producción Único bajo la autoridad de su verdadero dueño financiero. El resultado del proceso (a la derecha) es la unificación del CAPEX sistémico, que obliga al promotor a internalizar los costes de la infraestructura de estabilización y decreta así el fin del fraccionamiento regulatorio.
La ideología proyecta intenciones y la contabilidad creativa trocea facturas, pero, ante la realidad del terreno, son la ingeniería y la auditoría rigurosa las que mantienen los interruptores cerrados.
Ha llegado la hora de dejar de financiar el ilusionismo regulatorio y asumir que la resiliencia de nuestro sistema eléctrico exige verticalidad, transparencia y responsabilidad integral.
Pruebas documentales y fundamentación científica
Para que este debate trascienda la retórica y se asiente en el rigor de los datos y de la ley, pongo a disposición la evidencia documental que sustenta la urgencia de la métrica System LCOE y del artículo 1 de la Ley REI:
[1] La confesión institucional del fraccionamiento (CCDR del Algarve)
- Documento: Nunes, M. J., y Canas, R. (2021). Tendências para o sucesso da Avaliação de Impacte Ambiental na região do Algarve — novos desafios e dinâmicas perspetivas de futuro [diapositiva 29]. Dirección de Servicios de Medio Ambiente de la CCDR del Algarve.
- Acceso/enlace: disponible en los archivos públicos del portal de la CCDR del Algarve (sección Medio Ambiente/EIA) o en los repositorios gubernamentales de seminarios web de ordenación del territorio (junio de 2021).
- ¿Por qué prueba nuestro artículo? Porque destruye el argumento de que la «parcelación» es un mito. Este documento prueba que el propio Estado (a través de las comisiones de coordinación) sabe oficialmente que los promotores trocean artificialmente las instalaciones fotovoltaicas para eludir los umbrales de EIA y, en consecuencia, los elevados costes de infraestructura de red. Es la validación institucional de la «ficción jurídica» que denuncio.
[2] La denuncia del artificio sobre el terreno (el caso Lagoa Salgada)
- Documento: Asociación ZERO (posición pública sobre el proyecto de la mina de Lagoa Salgada y sus infraestructuras complementarias).
- Acceso/enlace: portal oficial de ZERO — comunicados.
- ¿Por qué prueba nuestro artículo? Traslada la teoría de la «parcelación topológica» a la realidad física. Demuestra cómo el sistema permite autorizar el centro de consumo o producción ignorando deliberadamente la línea de alta tensión que lo abastece, ocultando el verdadero impacto acumulado y el CAPEX sistémico. Es el reflejo perfecto de cómo se aísla el coste del activo «barato» y se oculta la infraestructura «cara».
[3] La factura oculta del CAPEX de red (los 1.700 millones de REN)
- Documento: REN — Rede Elétrica Nacional (2024). Propuesta de Plan de Desarrollo e Inversión de la Red Nacional de Transporte (PDIRT-E 2024). Documento marco, p. 11.
- Acceso/enlace: portal de la ERSE — Consulta pública n.º 128.
- ¿Por qué prueba nuestro artículo? Es la «pistola humeante» (smoking gun) del argumento financiero. Los economistas afirman que la energía solar es la más barata (LCOE bajo). Este documento prueba que, para conectar ese «electrón barato» intermitente, la red de transporte exige una inyección de 1.691,5 millones de euros. Como las SPV fraccionadas eluden ese coste, la factura recae íntegramente en los peajes de acceso a las redes (TAR), que paga el consumidor. Es el System LCOE manifestándose en la factura de la luz.
[4] La herramienta de auditoría (la base legal de la Ley REI)
- Documento: Assembleia da República. Ley n.º 89/2017, de 21 de agosto (aprueba el régimen jurídico del Registro Central del Beneficiario Efectivo, RCBE).
- Acceso/enlace: Diário da República Eletrónico (DRE).
- ¿Por qué prueba nuestro artículo? Los detractores de la propuesta alegarán que es «imposible» o «ilegal» agregar las SPV y responsabilizar al dueño financiero. Esta ley demuestra exactamente lo contrario. La herramienta jurídica para levantar el «velo societario» de las pequeñas sociedades limitadas de 5.000 € ya existe en el Estado portugués (a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales). El artículo 1 de la Ley REI propone únicamente que la Ingeniería de Sistemas utilice esta misma base de datos para auditar la topología de la red eléctrica.
[5] La fundamentación científica internacional del System LCOE
- Documento: Ueckerdt, F., Hirth, L., Luderer, G., y Edenhofer, O. (2013). System LCOE: What are the costs of variable renewables? Energy, 63, 61–75.
- Acceso/enlace: artículo científico (DOI: 10.1016/j.energy.2013.10.051).
- ¿Por qué prueba nuestro artículo? Eleva nuestro argumento a un nivel académico irrefutable. Es el artículo científico fundacional que demuestra matemáticamente que el LCOE tradicional es una métrica engañosa en redes con elevada penetración de renovables variables. Demuestra que la pérdida de inercia y la necesidad de respaldo generan un coste sistémico no lineal que debe contabilizarse en las ecuaciones de planificación, lo que legitima plenamente la fórmula compartida en la infografía.
Nota metodológica
Qué es esta página. Traducción al español del artículo que el autor publicó en LinkedIn el 29 de marzo de 2026; la versión íntegra en portugués está en este sitio. El artículo no contiene cálculos propios; el importe de 1.691,5 millones de euros es el que el autor cita de la consulta de la ERSE. El artículo de la Ley REI es una propuesta del autor y se traduce aquí a título informativo; no es ley.
Cambios de forma, no de fondo. Los dos manifiestos anteriores citados en el primer párrafo enlazan ahora con sus versiones españolas en este sitio (en el original, el segundo enlazaba con una publicación de LinkedIn). Se han eliminado los parámetros de seguimiento de los enlaces. En la referencia [5], el DOI, que el original dividía en tres enlaces (uno de ellos a una dirección inexistente, «j.energy»), es ahora un solo enlace. La Figura 3 es una imagen de la ecuación; la fórmula también figura escrita en su leyenda. En el original, la infografía que sigue al segundo párrafo de «La aceptación del subterfugio por parte del Estado» no lleva número. La EIA es AIA en portugués; la CCDR, una comisión de coordinación y desarrollo regional; REN y la ERSE, el operador de la red de transporte y el regulador de la energía portugueses; E-Redes, el operador de la red de distribución; el RCBE, el registro central de titularidad real.
El debate está en LinkedIn (en portugués)
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Gaspar do Amaral · Original en portugués del 29 de marzo de 2026, publicado en este sitio; traducción emitida el 30 de octubre de 2026 · Figuras y tablas © Aprecisa.com · Con ayuda de IA
Cómo citar: Gaspar do Amaral (2026). O Abismo do Rigor III: A Parcelização do Sistema e a Ilusão da "Flexibilidade". Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23814355 · Archivo permanente en Zenodo.